A nueve años de la rebelión popular de diciembre, seis muertes en dos meses.
BASTA DE reprimir
la protesta social
Cría de asesinos
La represión sobre el pueblo se muestra abiertamente de nuevo. Lo hace con sus múltiples rostros, con versiones resignificadas de viejas metodologías. La forma más conocida es la de la vieja Policía Federal, que hace nueve años asesinaba a granel cubriendo la huida de un patético De la Rúa; El rostro más reciente es el de la Policía Metropolitana, prontamente manchada de sangre. Pero el poder cuenta en este caso con variantes. Como hace dos meses en Barracas, cuando sicarios de la Unión Ferroviaria asesinaron a Mariano Ferreyra, o como tantas otras veces en nuestra historia, la mano de obra para atacar a los que protestan o para el crimen político liso y llano no necesariamente la aportan las fuerzas represivas regulares. El último asesinato hacia los pobladores de la toma de Lugano y Soldati estuvo estrechamente vinculado a patotas armadas. Los gobiernos que avalan la tercerización laboral, también tercerizan la represión: matones, barrabravas, lúmpenes y burócratas sindicales capitanearon, revólver en mano, los piquetes racistas de una reedición decadente y posmoderna de la “Liga Patriótica”. Desde esos grupos de choque, que lamentablemente arrastraron en la confusión a varios vecinos y explotaron el costado reaccionario de cierto sentido común, se llegó no sólo a disparar contra familias que ocupaban el predio del Parque Indoamericano, sino a detener el paso de ambulancias que intentaban asistir a los heridos. En estos grupos de choque que se nutren de la marginalidad no puede dejar de verse la mano de los punteros que actúan bajo el amparo del poder político.
Para todo servicio
Julio Capella, uno de los flamantes matones de la mafia sindical, acaparó los flashes fotográficos cuando el jueves 9 de diciembre junto a dos de sus laderos fue retratado gatillando a familias que ocupaban el Parque Indoamericano. En este caso, al igual que la patota en la que estaba Cristian Favale, se trata de miembros de la burocracia sindical. Capella y al menos dos de sus socios fotografiados son dirigentes del sindicato de municipales porteños SUTECBA, una entidad que encuadrada en la CGT DE Moyano y en las 62 organizaciones no ha dejado de actuar servilmente hacia el macrismo, del que obtiene enormes prebendas a cambio de controlar verticalmente a los trabajadores. Con la venia de Macri, este sindicato de la derecha peronista sigue ostentando como hace décadas un manejo discrecional sobre la obra social porteña, o manteniendo un ejército de ñoquis pertenecientes a su entidad enquistados en el aparato del estado. Ese mismo estado es el que hace de la desigualdad una política activa y planificada, y que a la hora de tener que enfrentar sus consecuencias, apela al garrote policial o civil y al asesinato a mansalva. En el mismo sentido, la última medida anunciada desde Casa Rosada no fue un plan de emergencia habitacional, sino la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad.
Las cosas claras (o cómo desmontar una operación política)
Luego de escenas grotescas, de pases de factura, de chicanas y cruces verbales entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, la trama termina con un acuerdo de “colaboración” entre estos aparentes enemigos públicos. Después de todo, lo que se presenta como un enfrentamiento mediático y político, esconde complicidades entre el Poder político de la Ciudad y de la Nación.
Las responsabilidades fueron de los dos Estados por ordenar, alimentar y fomentar, sucesivamente, una represión estatal y paraestatal que dejó como saldo en dos días la muerte de tres personas: Bernardo Salgueiro, Rosemary Churapuña y Juan Castañeda Quispe. Hubo y hay responsabilidad de los dos Estados por no dar respuesta a un problema estructural como es el de la tierra y el acceso a una vivienda digna.
En el caso de Macri, directamente inauguró la temporada de caza del inmigrante con un discurso xenófobo que encontró arraigo en un sector del electorado porteño, sobre todo en la clase media baja temerosa de perder sus escasos bienes; un sector, a veces nutrido por trabajadores o pequeños profesionales, que en estado de paranoia por las violaciones a una privada que no le pertenece y viéndose siempre al borde caer en la pobreza, aportó el consenso para el accionar de las patotas criminales.
El gobierno nacional, el que se autoproclama de los derechos humanos, que intentó despegarse de los incidentes a través de acusaciones de desestabilización y conspiración, no puede explicar un hecho concreto y objetivo: la primera secuencia de represión fue ejecutada por la Policía Federal. Hay importantes evidencias que confirman que los impactos de muerte provinieron de cartuchos de escopetas utilizadas por esta fuerza represiva, y que la entrada de los proyectiles fue de manera descendente, por lo que los disparos muy probablemente provinieron desde el puente donde estaban los policías. A pesar de que Aníbal Fernández apele al viejo recurso de la “inorganicidad” de la fuerza y argumente que se perdió el control, nada puede ocultar la responsabilidad política de estos asesinatos.
Los dueños de la tierra
La represión salvaje de las policías que dependen de Nación y Ciudad; la cacería llevada adelante por lúmpenes a sueldo de los punteros; la xenofobia, alimentada pacientemente por el discurso de comunicadores, multimedios, acciones e inacciones de gobierno y por las recientes declaraciones de Macri... todos estos elementos son exponentes de la violencia que los de abajo sufrimos. Pero el trasfondo en el que se enmarcan estos hechos es el de una crisis habitacional que afecta a uno de cada cinco porteños. Así como en Formosa los aliados del gobierno nacional reprimen y matan a los campesinos que luchan por la tierra, en la ciudad se mata a los pobres que piden un pedazo de suelo. Mientras la Corporación Buenos Aires Sur sociedad del estado viene realizando negociados inmobiliarios multimillonarios desde hace más de una década, los monopolios informativos y la derecha instalan en una parte de la opinión pública que si el pueblo trabajador no accede a la vivienda, es por culpa es de los inmigrantes que viven en asentamientos. A la par que se fomenta un patrioterismo neo-fascista, el gobierno porteño y su Corporación del Sur, que reúne funcionarios y empresarios afines, se relamen ante el negociado con esas mismas tierras de Lugano y Soldati para la proyección de un Polo Industrial Farmacéutico. Además, desde esta corporación se viene avanzando con otros negociados, como los que se desprenden del planificado y aún no implementado cierre del Hospital Borda para un transacción de cientos de millones con las cerca de 45 hectáreas de su predio. Por su parte, el gobierno porteño vacía el I.V.C., Instituto para la Vivienda que vio un recorte de más de 100 millones de pesos en su presupuesto 2010, y del que se ejecutó solo un 20% de sus asignaciones.
En Ciudad de Buenos Aires, para los amigos del poder, negociados con tierras. Para los pobres, tierras contaminadas con el plomo del cementerio de autos. O directamente, el plomo de las balas.
La política del gobierno nacional no se diferenció en este caso de la promovida por Macri: coincidieron ambos en no responder a la demanda desesperada de los pobres y los sin techo de Lugano y Soldati, y en instaurar la política punitiva de suprimir la ayuda social a quien tome tierras.
Basta de asesinar a los pobres
La represión salvaje de las Policías Federal y Metropolitana, primero, y la inacción criminal del gobierno nacional ante el avance de grupos de choque vinculados al macrismo luego, configuran un panorama donde como pueblo no podemos permanecer pasivos. En medio de los festejos por el Día de los Derechos Humanos, la escenografía progresista del kirchnerismo se va cayendo a pedazos con cada nuevo muerto. Como pueblo y desde sus más diversas y amplias organizaciones, debemos plantear con firmeza el rechazo a la represión. Estos hechos no pueden quedar impunes. Paralelamente, debemos sostener mediante la lucha y la organización el reclamo por la vivienda digna.
Es necesario prepararnos para enfrentar a la burocracia sindical y movilizarnos dando respuestas amplias para que los responsables políticos de la represión, los gobiernos porteño y nacional, rindan cuentas de sus actos.
Fuera Macri, sus Ministros y sus sicarios.
Renuncia inmediata del Ministro del Interior Randazzo y el de DD.HH. Alak.
Cárcel a los responsables políticos y materiales de los asesinatos.
Por tierras y vivienda digna.
Ante las patotas y la represión reivindicamos la organización de los trabajadores y la acción directa.
Agrupación Hombre Nuevo
20/12/2010
